La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ante las declaraciones del Consejo Interterritorial del SNS de la propuesta de la reforma sobre el aborto no supondrá “ningún impacto negativo” en el sistema sanitario español, tiene que señalar:
1) Existe un consenso de todas las entidades sanitarias de ámbito internacional que señalan que las serias restricciones al aborto tal y como plantea el proyecto de reforma del PP, suponen un grave riesgo para la salud de las mujeres porque propician los abortos clandestinos con secuelas de morbilidad y mortalidad.
2) La postura adoptada por el CISNS es incongruente, científicamente errónea y solo esta basada en una ideología ultraconservadora que pretende imponerse al conjunto de la población. Es una prueba mas de que el Ministerio de Sanidad y la mayoría del CISNS no son en modo alguno “autoridad sanitaria” y que por el contrario las medidas que adoptan suponen un riesgo para la salud de la población.
3) Hay que congratularse de la oposición de cinco autonomías de Asturias, Andalucía, Canarias, País Vasco y Cataluña que al menos, en este tema, han demostrado que en el CISNS hay alguien que tiene conocimientos sobre el sistema sanitario.
Por lo expuesto rechazamos esta postura del Consejo Interterritorial del SNS, así como el proyecto del ley presentado por el Gobierno y seguimos reivindicando una ley de plazos que garantice la realización de las IVE en la Sanidad Pública
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
12 de junio de 2014
Un comentario
Nos sumamos a la opinión de la federación de asociaciones en defensa de la sanidad pública y rechazamos la posición del consejo ínterterritorial, sobre el anteproyecto de ley que regula la interrupción de embarazo. Todos los organismos internacionales afirman que las leyes restrictivas, no disminuyen el número de abortos, pero condena a las mujeres a la clandestinidad, poniendo en riesgo su salud. La ministra de sanidad y los consejeros de las comunidades autónomas, donde gobierna el PP, no les importa la salud y la vida de las más de 100.000 mujeres que hoy abortan en nuestro país por decisión propia, casuística que no recoge el cambio legislativo.