1.900 profesionales de la sanidad pública y privada han suscrito un manifiesto contra la reforma de la Ley del Aborto que prevé aprobar el Gobierno de Mariano Rajoy.

EL HUFFINGTON POST / AGENCIAS

El documento, titulado «Ningún cambio es conveniente cuando una norma es acorde a la realidad social y sanitaria del país», alerta que la ley pone en peligro la salud y la vida de las mujeres y asegura que la eliminación del supuesto de malformación «contradice» la ética de los profesionales y es «contraria al sentir mayoritario de la población».

El 61% de los firmantes son médicos, el 21% son matronas y enfermeras, y el 13%, psicólogos. Todos manifiestan que la ley que quiere aprobar el Ejecutivo sólo servirá para «agudizar el dolor» de las 3.000 mujeres que hoy en día deciden interrumpir su embarazo por malformación del feto.

Según los sanitarios, basar esta restricción en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas es usar un argumento «incorrecto» porque «en ningún apartado se habla del discapacitado no nacido, dado que la discapacidad no existe antes del nacimiento, dándose ésta a largo plazo y en interacción con el medio».

LA REFORMA REGRESIVA DEL ABORTO

2.000 sanitarios afirman que la ley Gallardón dañará la salud de las mujeres

Los profesionales piden en un manifiesto al Gobierno que paralice la tramitación de la norma

EFE

Cerca de 2.000 profesionales de la sanidad pública y privada piden en un manifiesto al Gobierno que no continúe con la reforma de la ley del aborto porque pone en peligro la salud y la vida de las mujeres y defienden la actual normativa por ser «acorde» a la realidad social y sanitaria del país. Con el título «Ningún cambio es conveniente cuando una norma es acorde a la realidad social y sanitaria del país» los firmantes del manifiesto, que ha sido presentado hoy en rueda de prensa, critican asimismo que no se incluya el supuesto de malformación en la reforma de la ley.

Para los casi dos mil firmantes, entre los que el 61% son médicos, el 21%  matronas y enfermeras y el 13% psicólogos, la eliminación de este supuesto «contradice» su ética profesional y resulta contraria al sentir mayoritario de la población». Además, sólo servirá «para agudizar el dolor» de las 3.000 mujeres que en la actualidad deciden interrumpir su embarazo por malformación del feto.

Según los sanitarios, basar esta restricción en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas es un argumento «incorrecto» porque «en ningún apartado se habla del discapacitado no nacido, dado que la discapacidad no existe antes del nacimiento, dándose ésta a largo plazo y en interacción con el medio».