Carta abierta de los y las profesionales de ACAI, Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, ante el “Día Internacional por la Despenalización del Aborto” que se celebra en todo el mundo el próximo 28 de septiembre.
Existe un camino corto, una vía rápida, para acabar con el derecho de las mujeres a decidir: estigmatizar, criminalizar y penalizar a los, las profesionales que realizamos abortos.
Si no existen médicos y médicas que realicen abortos no existirá el aborto. Es como ven de una lógica sencilla, pero poderosa.
El anteproyecto de Ley de este Gobierno está impregnado de principio a fin de esa lógica: estigmatizar, criminalizar y penalizar al profesional como objetivo para que en España no haya abortos seguros.
El texto de esta ley hace caer la presunción de culpabilidad sobre el/la profesional desde el primer momento, estando obligados a demostrar “nuestra inocencia” durante todo el proceso.
Y lo hace de dos maneras: solapada y directamente. Solapadamente porque considera que la mujer es un ser infantilizado que como tal no puede tomar decisiones libres y maduras, tomándolas en su nombre los que las asistimos. Y en este punto nos gustaría decirle al Partido Popular que son las mujeres autónomas las que abortan y no quienes las ayudamos y acompañamos.
Pero la intención va más allá, y como hemos dicho el texto penaliza y obstaculiza la labor de los/as profesionales directamente, valiéndose de instrumentos tales como los siguientes:
– Haciendo recaer penas de uno a tres años de prisión e inhabilitación especial de uno a seis años.
– Excluyendo del proceso de información y diagnóstico a los/as profesionales que realizamos los abortos.
Un contrasentido médico que deja fuera a los/as expertos que acumulan una experiencia de más de 25 años en la práctica sanitaria de IVE.
– Impidiendo que los centros acreditados y concertados para la IVE publiciten sus servicios o informen sobre sus prestaciones, las técnicas utilizadas para el aborto provocado e incluso sobre los procedimientos a seguir. Es decir, la ley niega el derecho constitucional a la información, el derecho de los/as profesionales a informar a la mujer y a esta a ser informada sobre su salud sexual y reproductiva, la práctica sanitaria de aborto o los detalles de la intervención a la que va a acceder.
Con estas y otras medidas el Gobierno se asegura el fin de la prestación sanitaria de Aborto Provocado, recuerden: si no hay médicos/as que realicen abortos no hay abortos seguros.
Lamentablemente tengo que decirles que es una apuesta con posibilidades de éxito, ya que esta estrategia recae sobre un colectivo muy cuestionado e invisibilizado. Hacer abortos no suma, resta, no proyecta profesionalmente, decrece. Esa realidad y no otra es la auténtica “objeción de conciencia en nuestro país” , esa es la auténtica razón por la que hasta ahora solo unos cuantos nos hemos atrevido a hacer abortos en España.
Somos tan solo poco más de un centenar los/as médicos/as que hacemos abortos. La media de edad es de 50 años en adelante. No hay relevo generacional. Somos una especie en extinción. El Gobierno lo sabe.
El lema del 28 de septiembre refiere al estigma del aborto contra las mujeres, nosotros queremos unir a esa denuncia, que obviamente apoyamos, la del estigma contra el profesional; y les pedimos que incorporen ambos a su discurso porque la consecuencia de no hacerlo será la que ya hemos explicado.
En países como EEUU y en otros países europeos, esta tendencia es ya casi un hecho irreversible, ¿vamos a dejar que también lo sea en España?
Por último, deberían considerar que cada vez que un/a profesional es estigmatizado es estigmatizada la mujer que aborta, la mujer que ha confiado en él, en ella. Son vasos comunicantes.
Criminalizar al profesional es criminalizar a la mujer.
Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo. ACAI.
